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Isaac Olalla del Real, PMP® y PMI-RMP®
G.I. de Proyectos Públicos


Los tipos de proyectos desarrollados por el Sector Público son tan diversos que se pueden encontrar desde proyectos promovidos por municipios, para cubrir las necesidades de cientos de personas, hasta proyectos de obras públicas puestos en marcha por el ministerio correspondiente que, además de presupuestos elevados, impactan en la vida de millones de personas.

 

A pesar de la diferencia existente entre los ejemplos citados, existen también nexos comunes: ambos son promovidos por administraciones públicas y se emplean recursos públicos, siempre escasos pero aún más en los últimos tiempos, para llevarlos a buen término. Parafraseando a Douglas W. Hubbard, gestionar es “utilizar lo que tienes para conseguir lo que necesitas” o, como establece nuestra Carta Magna, uno de los principios que debe regir la actuación de la Administración Pública es el de eficacia y todo ello para servir con objetividad los intereses generales.

Pero, ¿realmente la Administración Pública desarrolla sus proyectos de manera eficiente para satisfacer los intereses generales de los ciudadanos? Sería imprudente llegar a conclusiones simplistas al respecto, ya que igual que todos tenemos en la cabeza numerosos proyectos fallidos, incluso desastrosos, pueden enumerarse cientos de proyectos exitosos en relación a los objetivos a conseguir con los recursos existentes.

Sin embargo, no es menos cierto que son los grandes proyectos fallidos los que más llaman la atención de la opinión pública y, por tanto, resulta oportuno preguntarse si los proyectos públicos podrían desarrollarse de forma más eficiente si se utilizaran buenas prácticas contrastadas en dirección de proyectos. Como simple ejemplo de proyecto no exitoso, el proyecto de la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela.

                                     
¿Cuáles son las causas por la cuales los proyectos públicos no son exitosos? Por ejemplo, entre otras, la metodología aplicada (o la no aplicada), la utilización de datos pobres o insuficientes (ausencia de datos históricos o lecciones aprendidas), los cambios inesperados de los factores externos (predominio de visión a corto plazo) o sesgos en los análisis y evaluaciones desarrollados tanto por consultores como de los patrocinadores de los proyectos (¿exceso de optimismo?). Estas causas son mencionadas por Bent Flyvbjerg para vincular el fracaso de muchos proyectos y, especialmente, las relacionadas con el exceso de optimismo en las evaluaciones y análisis previos que el autor asocia a la ambición política de los consultores y promotores de los proyectos (“Megaprojects and Risk: An anatomy of ambition”).

¿Podrían desarrollarse los proyectos públicos de forma más eficiente? ¿La implementación de buenas prácticas contrastadas en dirección de proyectos ayudaría a mejorar la eficiencia de los proyectos públicos? Sin duda sí, pero exactamente igual que en otro tipo de organizaciones. Como específicamente señala la Guía del PMBOK® 6ª Edición “una dirección de proyectos eficaz ayuda a individuos, grupos y organizaciones públicas y privadas”. ¿A qué ayuda para el supuesto de organizaciones públicas? Entre otras cuestiones, las siguientes:

  • Cumplir los objetivos del negocio: es decir, los intereses generales.
  • Satisfacer las expectativas de los interesados: es decir, de los ciudadanos.
  • Ser más predecibles: es decir, tener mayor control sobre los presupuestos públicos.
  • Aumentar las posibilidades de éxito: consiguiendo los resultados deseados dentro de las restricciones iniciales, con el beneficio que supone a los ciudadanos y otros interesados.
  • Optimizar el uso de los recursos de la organización: conseguir la mayor eficiencia posible en el desarrollo de los proyectos.

La pregunta que, por último, debemos responder sería la siguiente: ¿La utilización de buenas prácticas en Dirección de Proyectos constituiría una competencia estratégica que permitiría la creación de valor en la Administración Pública? Y en caso afirmativo, ¿Cuál sería el punto de partida? ¿Cómo se materializaría? ¿A qué niveles se aplicaría? ¿Cómo afectaría a la legislación existente como, por ejemplo, la nueva Ley de Contratos del Sector Público?

Muchas preguntas y mucho esfuerzo por delante, ¿te animas a participar?